España vive una situación en materia de vivienda social que toca fondo. Algunos la llaman debacle inmobiliaria en el sentido de que la oferta no se aproxima ni un ápice a la demanda que existe por contar con vivienda protegida; otros agregan que el boom inmobiliario ha acarreado una lógica loca, injusta y arbitraria que genera desesperación, ansiedad e incertidumbre.
Lo cierto es que no existe un mecanismo que otorgue viviendas de carácter social de acuerdo a una lógica que se sostenga en un análisis racional sobre posibles beneficiarios; la posibilidad de tener una casa está hoy por hoy echada a la suerte.
La situación es acuciante; la enorme demanda de casas ha inflado los precios de tal manera que hoy representan un bien prohibido para muchas personas. Por otra parte, el deber del gobierno por ofrecer viviendas a aquellos más necesitados no sólo no se está pudiendo realizar, sino que los pisos previstos por los programas de los distintos ayuntamientos no logran cubrir ni la mitad de las solicitudes.
A esta insuficiente posibilidad de respuesta de las municipalidades se suma el requisito de probar cinco años de empadronamiento para pedir vivienda en una ciudad determinada. Esta exigencia cobra una significación distinta si se considera que la realidad de las Viviendas de Protección Pública en las distintas ciudades es muy diferente, por lo tanto a pesar de que podría haber más oferta en otra localidad, no se puede acceder a la misma.
Por poner un ejemplo de este otro aspecto del problema, se sabe que Barcelona es la ciudad con mayor demanda y con menor capacidad para construir en suelos públicos. Se calcula que 65.000 personas han solicitado vivienda mientras que en el último sorteo sólo se cubrió un 2,8% de la demanda.
Málaga, Madrid y Valencia viven otra realidad, estas ciudades tienen más fácil la posibilidad de construcción ya que tienen suelo para crecer a diferencia de Barcelona.
Fuente: El Pais
