La adjudicación de Viviendas de Protección Pública tiene diversos aspectos que deben de tenerse en cuenta y que resultan problemas a resolver ante la abultada demanda que sigue creciendo y que no encuentra solución ni en el corto ni en el mediano plazo. Uno de estos aspectos refiere al carácter municipal o metropolitano que debería de considerarse de ahora en más para reconsiderar el requisito de 5 años de empadronamiento que hoy rige para los distintos ayuntamientos.
Aparte del problema de dónde se puede acceder es inquietante la pregunta por quiénes pueden acceder, quiénes están accediendo y quienes no podrían acceder.
Se han conocido situaciones que resultan ser grandes emergentes y material de análisis para intentar una formulación nueva a este caos institucional; tal es el caso de un alto dirigente de un banco que vive en una de estas vivienda desde hace 15 años, cuando recién estaba comenzando su carrera profesional. Por otra parte se sabe que la información sobre cómo reunir documentación necesaria para postular a las viviendas no es conocida por quienes más necesitarían hacer uso de este derecho, quedando la gente más humilde en situación de desprotección.
El actual mecanismo en base a sorteos no toma en cuenta la situación vital de la persona, las posibilidades de crecimiento económico en base a la formación ni la facilidad para postular a otras formas de crédito y ayuda.
En esta coyuntura, algunos ayuntamientos están tomando medidas para contrarrestar la inequidad; en Palma de Mallorca se está ensayando unos filtros que separan a viejos, jóvenes y personas con necesidades específicas y realizan el sorteo a través de colectivos.
Otras voces alertan que esos filtros que pretenden hacer la medida más social, muchas veces terminan por ser antisocial; ellos alertan que si se determina la adjudicación en base a la renta, los matrimonios o parejas jóvenes asalariados quedan excluidos al competir con estudiantes que perciben un poco menos en la actualidad pero que tienen un futuro muy promisorio a nivel económico.
Por otra parte, al no existir un mecanismo que garantice transparencia en las adjudicaciones hay voces que reconocen que más allá de lo arbitrario que puede resultar un sorteo, éstos son garantía de transparencia, no así la actuación de los funcionarios administrativos cuando cae en su juicio la tarea de elegir entre los miles de solicitantes.
Fuente: El Pais
